Convocatoria urgente de concentración, celebrada en todas las provincias españolas, el próximo día 27 de julio de 2017 (jueves) en la Plaza Nueva de Sevilla a las 20.30 horas, en apoyo a los presos políticos saharauis ilegalmente juzgados y sentenciados por Marruecos el pasado 19 de julio, tras seis años de detención ilegal y arbitraria por su militancia política pacífica y participación en el campamento pacífico de Gdeim Izik.
El miércoles pasado el Tribunal de Apelación de Salé (Marruecos) volvió a condenar a 20 saharauis que participaron en las protestas pacíficas contra la ocupación marroquí del campamento de Gdeim Izik en 2010 a, prácticamente, las mismas penas a las que les había sentenciado un Tribunal militar en 2013, desde cadena perpetua hasta dos años de cárcel.
La repetición del juicio se ha desarrollado sin la participación de los acusados, ausentes desde las sesiones de mayo, en protesta por las irregularidades del proceso. El juicio ha sido monitorizado por numerosas misiones internacionales de observación como el Consejo General de la Abogacía Española, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, el Centro Robert F. Kennedy y Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura, otras organizaciones de derechos humanos y representantes políticos.
Desde la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla nos sumamos a las denuncias de las organizaciones de derechos humanos calificando como nulos de pleno derecho estos juicios ya que los tribunales marroquíes no tienen competencia para juzgar asuntos que sucedieron en el Sáhara Occidental, Territorio No autónomo Ocupado por Marruecos.
El proceso ha estado lleno de gravísimas irregularidades ya que el tribunal de Salé ha vuelto a aceptar confesiones realizadas bajo tortura, pruebas no relacionadas directamente con las personas acusadas, nuevos testimonios de dudosa veracidad y un ambiente de intimidación contra las familias saharauis y las organizaciones observadoras internacionales.
El 15 de noviembre de 2016, el Comité de la ONU contra la Tortura concluyó que Marruecos había vulnerado la Convención contra la Tortura, que el propio país había ratificado en 1993 y cuya constitución prohíbe el uso de la tortura, en relación a uno de los condenados, Naâma Asfari. Por desgracia, las torturas han sido habituales contra hombres y mujeres saharauis, como recogió el auto del juez Ruz en su imputación a once militares marroquíes por presunto delito de genocidio contra la población saharaui en 2015 y como han venido denunciando organizaciones de derechos humanos y activistas, como Aminatou Haidar.
La naturaleza política de estos juicios fue reconocida por la Audiencia Nacional en octubre de 2016 al conceder el estatuto de refugiado a Hassana Alia, condenado a cadena perpetua por su participación en el campamento de la Dignidad por parte de un tribunal militar de Marruecos.
El Pueblo Saharaui tiene derecho a la autodeterminación, ampliamente reconocido por la comunidad internacional y clasificado como una obligación erga omnes. Este derecho, y la lucha pacífica en su defensa, NO pueden aniquilarse mediante el establecimiento de condenas injustas e infames contras personas que únicamente han mostrado su compromiso con los derechos humanos de su pueblo.
Por todas estas razones, desde la AAPSS convocamos a toda la ciudadanía en una concentración urgente el próximo 27 de julio, exigiendo la anulación de los juicios, el establecimiento de una investigación independiente en el marco de Naciones Unidas para determinar la situación de las personas presas saharauis y la exigencia de que estas demandas sean transmitidas por parte del Gobierno de España al Reino de Marruecos. Creemos que nuestro país, acorde con su responsabilidad histórica y la implicación de nuestro pueblo, debe liderar los esfuerzos por una solución política al conflicto, que culmine el proceso de descolonización del pueblo saharaui, y respete su derecho a la libre determinación. Asimismo expresamos protesta ante el Reino de Marruecos por la ilegalidad de estas condenas y le exigimos la puesta en libertad de todos los presos políticos saharauis.
